Gobernanza urbana y legislación

Una legislación urbana de buena calidad, proporciona la predictibilidad y el orden en el desarrollo urbano, desde una amplia gama de perspectivas, incluyendo la espacial, social, económica y ambiental y, a través de esto, contribuye a la inversión, al fuerte desempeño económico y a la creación de la riqueza.

La calidad de los asentamientos humanos y la gobernanza urbana, afecta la calidad de vida de miles de millones de individuos. Las elecciones hechas en relación a la legislación, tienen efectos positivos o negativos en la justicia social, la buena gobernanza, la toma de decisiones democráticas, el desarrollo económico, la defensa de los derechos fundamentales y la transparencia.

En este contexto, el derecho urbano tiene un papel importante en definir las condiciones para el acceso formal/informal al suelo, la infraestructura, la vivienda y los servicios básicos; para trazar las reglas para la planificación y la toma de decisiones; para presionar en busca de mejores medios y condiciones de vida, mientras que la ley establece los requerimientos para las iniciativas para el desarrollo urbano.

El derecho urbano también establece el contexto en el que se espera que las autoridades urbanas, los gobiernos locales y las comunidades, cumplan con sus respectivos mandatos y respondan a los nuevos retos. El efecto de la legislación es importante: puede establecer marcos eficaces para el desarrollo sostenible o acentuar las desigualdades y la exclusión.

El derecho urbano es necesario para proveer una serie de reglas para mediar y equilibrar el conflicto de intereses públicos y privados, especialmente en relación al uso y desarrollo del suelo: crear un marco estable y predecible para la acción de los sectores público y privado, garantizando la inclusión de los intereses de grupos vulnerables, proveyendo un catalizador para el discurso local y nacional.

Ahora bien, si la legislación urbana es anticuada o inadecuada, va a generar desigualdad, ya que interfiere con las interacciones benéficas entre recursos, habilidades y antecedentes que, históricamente crean oportunidades para todos en las ciudades de todo el mundo:

Es incapaz de asegurar un alto en el curso de las transformaciones urbanas o anticipar retos actuales y futuros;
Mantiene el status quo socioeconómico y el control de las élites que se perpetúan a sí mismas;
Excluye a cientos de millones del beneficio efectivo de sus derechos humanos.
La creciente inequidad urbana también tiene efectos espaciales profundos

En este sentido más y más gente pobre vive sin el abrigo de la ley y las oportunidades que proporciona. Los mercados de tierras urbanas, los sistemas de infraestructura y el aprovisionamiento de espacio público, se están volviendo desiguales y contribuyen, en gran medida, a la inseguridad en los vecindarios más pobres de muchas ciudades latinoamericanas, africanas y asiáticas.

En medio de estas tendencias, la planificación urbana convencional ha probado ser singularmente inefectiva y a menudo ser un cómplice: Millones de mujeres y hombres alrededor del mundo tienen negado el acceso a la seguridad de la tenencia, propiedad y derechos sobre la tierra, a servicios básicos y a oportunidades, simplemente basados en género, color de la piel, etnicidad o creencias, sin importar sus capacidades y destrezas. Las leyes inadecuadas niegan oportunidades y protección iguales a segmentos específicos de la población, actuando como barreras y prejuicios en contra del pobre y de grupos marginados, a través de instituciones y procesos que son demasiado difíciles y costosos para que ellos puedan tener acceso, o a través de la corrupción y el abuso de poder.

Las minorías en desventaja están pobremente representadas en las estructuras políticas y en los órganos de toma de decisiones y, consecuentemente, tienen poco control sobre las decisiones que los afectan. Ahora, según los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, les corresponde a las leyes nacionales hacer espacio para todas y todos en nuestras ciudades y más allá, en vez de alimentar la discriminación, la exclusión y la indigencia de una generación a la siguiente. Una legislación urbana de buena calidad promueve la inclusión de grupos vulnerables, contribuye a la aliviar la pobreza y promueve la cohesión social.

¿Qué es el derecho urbano?

El derecho urbano es la colección de políticas, leyes, decisiones y prácticas de amplio alcance, que rigen la administración y el desarrollo del medio ambiente urbano. El derecho urbano tiene varias características que lo definen:

Rige las funciones esenciales de los pueblos y las ciudades y refleja los derechos y responsabilidades de los habitantes y usuarios de estas áreas urbanas. Las funciones son diversas, incluida la planificación urbana, las finanzas municipales, la administración y el manejo del suelo, la provisión de infraestructura, la movilidad y el desarrollo económico local, entre otros.
Está presente en varios niveles, desde los derechos reconocidos internacionalmente, tales como el derecho a la vivienda, a la legislación nacional y en la normativa municipal, o en los estatutos que rigen a menudo problemas locales, tales como la prestación de servicios o la administración del espacio público.
Con frecuencia tiene un carácter dual, con una naturaleza técnica aparentemente neutra, acompañada de un aspecto social complejo, incluyendo el potencial de efectos diferenciados en diversos grupos dentro del entorno urbano, con especial preocupación por los más vulnerables, como los pobres y los marginados sociales.